Un respiro para el bolsillo, “Ordenemos la Cuenta” es ley

Un respiro para el bolsillo, “Ordenemos la Cuenta” es ley

31 Jul 2026

Con su publicación en el Diario Oficial, “Ordenemos la Cuenta” se transforma en una ley vigente, que entrega certeza jurídica a las empresas distribuidoras y, principalmente, estabilidad tarifaria a los hogares chilenos en un contexto de preocupación por el alza de los servicios básicos.

En La Araucanía, el seremi de Energía, Jorge Rathgeb, celebró la promulgación de la ley, contando “como Gobierno valoramos que el Congreso haya despachado este proyecto, porque nos permite ordenar una deuda que debía resolverse, pero sin trasladar de manera inmediata ese impacto a las familias. No solo se legisló para pagar lo pendiente, sino que también se incorporaron mejoras relevantes, entre ellas la extensión del subsidio eléctrico para 2027, una medida muy importante para los hogares más vulnerables de La Araucanía”.

El proyecto del Presidente José Antonio Kast, “Ordenemos la Cuenta”, fue publicado en el Diario Oficial y se convirtió oficialmente en ley de la República. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Energía, busca regularizar las deudas pendientes con las empresas de electrididad, evitar alzas bruscas en las cuentas de la luz y mantener el apoyo estatal a los hogares más vulnerables durante 2027.

La ley fue aprobada por unanimidad en el Senado y con amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados —117 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones—, y ya entró en vigor, tras su promulgación y publicación.

Entre sus principales disposiciones, permite pagar de forma gradual —entre 2028 y 2035— el atraso acumulado en el Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al período 2020-2024. De esta manera, se protege el presupuesto familiar al evitar que el impacto de la deuda se traslade inmediatamente a las tarifas.

Además, la ley prorroga por todo el año 2027 el subsidio eléctrico para las familias más vulnerables, amplía la cobertura para clientes electrodependientes y prohíbe expresamente que las empresas distribuidoras trasladen a las cuentas de los usuarios las multas cursadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).